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En los últimos dos años América Latina ha tenido un acelerado surgimiento de nuevas empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas conocidas como Fintech, lo que augura un profundo cambio en los mercados financieros, pero al mismo tiempo presenta un desafío para sus reguladores, según un estudio desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista.
Una de cada cuatro Fintech operan como plataformas alternativas de financiación, ofreciendo préstamos, financiamiento colaborativo (crowdfunding) o financiación por medio de la intermediación de facturas. Otra cuarta parte operan como empresas de pagos, y del remanente hay segmentos como gestión de finanzas empresariales y personales, gestión patrimonial, seguros y bancos digitales.
Brasil es el país que aporta el mayor número de emprendimientos con 230 firmas, seguido por México con 180. Colombia ocupa el tercer lugar con 84, seguida de Argentina con 72 y Chile con 65. Estos cinco países concentran casi un 90% de la actividad Fintech en América Latina.
Entre los encuestados, 41,3% afirma que su misión es servir a clientes que permanecen excluidos o subatendidos por el sector de servicios financieros tradicionales, ya sean personas o pequeñas y medianas empresas. Considerando que las Fintech buscan resolver problemas concretos del segmento a que se dedican, este enfoque es muy prometedor para abordar limitaciones a la inclusión financiera originadas por el lado de la demanda.
“Estamos presenciando una revolución en la manera en la que las personas y las empresas manejan sus asuntos financieros”, explica Gabriela Andrade, especialista en mercados financieros del BID. “Además de lograr menores costos al adoptar canales digitales, las fintechs usan distintas fuentes de información y nuevas técnicas para evaluar a los clientes, su comportamiento y su riesgo, lo que permite llegar a los segmentos excluidos de una manera más asequible”.
Avances en regulación y el papel del sector público
Para que el sector pueda desarrollarse y lograr mayores impactos, será necesario profundizar el diálogo entre los emprendedores y quienes diseñan las políticas y regulaciones. El estudio recomienda, por ejemplo, la creación de bancos de prueba regulatorios (regulatory sandboxes) temporales en los que las Fintech puedan operar, evaluar sus modelos de negocio y ofrecer sus productos en ambientes monitorizados, así como permitir una transición suave para los emprendimientos y sus entes de control hacia una regulación y supervisión adecuada.
Según Juan Ketterer, jefe de la división de Conectividad, Mercado y Finanzas del BID «los países mejor preparados en términos regulatorios podrán aprovechar el impacto que las Fintech pueden ofrecer. En ese sentido, el tiempo es un factor clave, considerando la velocidad con la que estas empresas se están desarrollando. Varios gobiernos en la región están considerando al desarrollo de las Fintech como uno de los pilares para reducir la exclusión financiera”.
En países como Reino Unido y Singapur se están ofreciendo exenciones temporales sobre autorizaciones para las Fintech y se observa un papel más dinámico del sector público para crear un sistema de apoyo al sector. Otra tendencia recomendada es la creación de algún tipo de institucionalidad pública que sirva de interlocutor entre la industria y los responsables por la formulación de políticas.
«La colaboración entre las empresas jóvenes y los actores tradicionales de la industria es un elemento indispensable que debe cimentarse en América Latina, destaca Andrés Fontao, Managing Partner de Finnovista, «la regulación es un factor que requiere ser tratado por gobiernos y legisladores, no con un fin restrictivo y de mayores controles, sino desde una perspectiva que promueva la competitividad y la innovación en el ámbito nacional y regional».
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Sobre el BID
El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.